Tal como se esperaba, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Poder Judicial, con la cual pretende que los integrantes de esta instancia sean elegidos por medio del voto popular.
Loretta Ortiz Ahlf, togada del Máximo Tribunal del país señaló que un perfil para llegar a la Suprema Corte debe contar con cualidades específicas, por lo que “no se puede alcanzar en la urna siendo electos”, al tiempo que subrayó que el planteamiento del mandatario es “inadecuado”.
Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, donde se desarrolló el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia”, la ministra contó una anécdota en la cual dijo que conoció a un juez en Estados Unidos que fue electo popularmente, quien dictó la pena de muerte a un mexicano sin las pruebas suficientes, bajo la premisa, según le declaró él, de que de esta forma le daría más popularidad y ascendería en su carrera judicial.
“Eso es lo que no nos podemos permitir; no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”, manifestó Ortiz Ahlf, quien es identificada como una persona afín a Morena y al gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación.
HABRÍA CONDICIONANTES
Mientras que la ministra Margarita Ríos-Farjat, figura cercana a López Obrador, comentó que la elección popular de los integrantes de la SCJN podría condicionar la impartición de justicia.
“El punto es, ¿dónde están las garantías de estabilidad judicial?… Es decir, cada uno de nosotros, ¿queremos que resuelvan en México, hoy por hoy, personas electas popularmente? me parece complejo que eso genere una seguridad a la sociedad”, enfatizó.
A estas críticas se sumó el ministro Alberto Pérez Dayán —electo en 2012—, quien anotó que la propuesta “no es viable” por la naturaleza de la labor de impartir justicia.
“La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política, el compromiso es con la norma, la seguridad jurídica se traduce en una sentencia que recoge el derecho y a partir de eso el juzgador cumple con su función”, apuntó.