Un comité de la ONU expresó su preocupación por la situación de impunidad casi absoluta en México debido a la inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en el país.
Tras un diálogo con representantes del gobierno mexicano realizado el 13 al 15 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó la persistencia de esta problemática y los limitados avances en la persecución penal de estos casos, considerando que existe una impunidad “casi absoluta” en el tema.
En particular, el comité ha señalado un aumento en la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en estados como México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, donde desde 2014 se desconoce el paradero de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que cuenta con 115,540 personas en esta situación desde 1962 hasta la actualidad, no cumple con los estándares internacionales.
Por ello, el comité ha instado a las autoridades mexicanas a garantizar la transparencia en la metodología utilizada y a coordinar de manera independiente e imparcial el proceso con la Comisión Nacional de Búsqueda. También resaltó la resistencia de algunas autoridades a compartir información con este registro nacional y la falta de claridad en la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
El informe menciona casos de revictimización, amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos dirigidos a familiares de personas desaparecidas, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubren estos casos.
Asimismo, lamentó que, en muchos casos, sean los familiares y allegados quienes se encarguen de las labores de búsqueda e investigación que deberían ser responsabilidad del Estado.
Otra crítica importante es la práctica de algunas autoridades de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que dificulta la búsqueda inmediata de las víctimas. Además, el informe destaca el creciente número de cuerpos y restos humanos que abruman a los servicios médico-forenses mexicanos, con un 89% de más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en 2022 sin identificación.