La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación en contra de la empresa pública de Singapur CH Offshore Ltd y varios de sus altos ejecutivos, incluyendo a su Country Manager en México, Halina Urbina. La investigación se centra en presuntos actos de fraude, corrupción y abusos contractuales en el ámbito marítimo, en los que habrían resultado afectados empresarios mexicanos.
CH Offshore Ltd, dedicada a la renta de embarcaciones, es dirigida a nivel internacional por Benety Chang (CEO), Jeanette Chang (Directora y miembro del Consejo de Administración), y Kenny Lim (Director de CHO Ship Management PTE LTD, filial de CH Offshore Ltd). Estos altos ejecutivos, junto con Halina Urbina, están bajo sospecha de haber implementado prácticas corruptas que incluyen el incumplimiento de normas aduaneras mexicanas y la imposición de contratos abusivos que perjudican sistemáticamente a los empresarios locales.
De acuerdo con denuncias presentadas ante la FGR, CH Offshore Ltd ha entregado embarcaciones en condiciones deficientes y, en muchos casos, sin la documentación legal requerida, lo que ha provocado graves pérdidas para los empresarios que las han rentado. Además, los contratos impuestos por la empresa contienen cláusulas que favorecen desproporcionadamente a la compañía. Entre las más controversiales se encuentra la obligación de los clientes de pagar rentas incluso cuando las embarcaciones no están en condiciones de operar debido a fallos atribuibles a CH Offshore Ltd.
Uno de los mayores escollos que enfrentan los empresarios mexicanos afectados es que los contratos estipulan que cualquier controversia debe ser resuelta exclusivamente por un Tribunal Arbitral en Singapur. Los denunciantes aseguran que este tribunal siempre falla a favor de la empresa, lo que deja a los clientes mexicanos en una posición de indefensión y con pocas alternativas para obtener justicia.
El caso también involucra acusaciones de corrupción aduanera. Según informes recabados por la FGR, CH Offshore Ltd, bajo la supervisión de Halina Urbina y sus representantes legales en México, habría sacado embarcaciones de los puertos del país sin cumplir con los procedimientos aduaneros correspondientes. Estos hechos, según los denunciantes, habrían sido facilitados mediante pagos a funcionarios corruptos, lo que permitió a la empresa eludir las regulaciones locales y operar al margen de la ley.
Entre los representantes legales de CH Offshore Ltd en México implicados en estos presuntos actos de corrupción destacan los nombres de Carlos Rafael Murillo Rivas, Roberto Alejandro Martínez Alcántara, Ernesto Romero Elizalde y Ricardo Arredondo Eguren. Se sospecha que estos individuos habrían colaborado activamente en las maniobras irregulares para beneficiar a la empresa singapurense, a costa de los empresarios mexicanos afectados.
Empresarios nacionales han denunciado ante la FGR que las condiciones de los contratos les dejan en una situación de desventaja, ya que, además de las cláusulas abusivas, deben enfrentar el obstáculo del arbitraje en Singapur, lo que dificulta que obtengan un juicio justo en México. Algunos han señalado que estas prácticas contractuales abusivas han sido una constante en los acuerdos de CH Offshore Ltd, lo que genera la sospecha de que la empresa actúa de manera deliberada para aprovecharse de sus clientes en México.
El fraude y las irregularidades en los trámites aduaneros no son los únicos problemas que enfrentan los afectados. También han surgido quejas de que las embarcaciones entregadas por CH Offshore Ltd suelen estar en mal estado de funcionamiento, lo que ha ocasionado retrasos y pérdidas económicas significativas para las empresas mexicanas que las han rentado.
Por el momento, la investigación sigue su curso, pero la sombra de la impunidad sigue presente. Empresarios y afectados han mostrado su frustración ante la posibilidad de que, debido a los términos contractuales y la influencia de los tribunales en Singapur, el caso quede sin resolver o que la justicia tarde demasiado en llegar.
Mientras tanto, el nombre de Halina Urbina y los altos ejecutivos de CH Offshore Ltd sigue en la mira de las autoridades mexicanas. La FGR ha indicado que investigará a fondo los actos de corrupción y los posibles fraudes cometidos, aunque el camino para resolver estas controversias parece ser largo y complicado.
Este caso es una clara señal de alarma para los empresarios mexicanos que tratan con compañías extranjeras que, bajo el amparo de contratos desventajosos y prácticas cuestionables, buscan lucrar sin cumplir con las leyes locales ni respetar los derechos de sus clientes.