– El proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 43 de la Ley Federal de protección al consumidor, de ser aprobado, generaría daños irreversibles al turismo y la economía nacional.
Dicha reforma pondría al sector hotelero nacional en una clara desventaja frente a otros destinos internacionales. Sin duda, la aprobación de dicho proyecto de ley resultaría devastador para el empleo de los mexicanos, destacó David Ortíz Mena, Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Quintana Roo.
La iniciativa propone que los proveedores “deberán informar debida y oportunamente a los consumidores sobre cada uno de los servicios o componentes incluidos, y la manera en que estos integran la tarifa, costos totales respectivos y, en su caso, el monto de las contribuciones aplicables a cada uno de dichos componentes”. Esto, con la supuesta intención de garantizar transparencia y claridad para los consumidores. Sin embargo, la propuesta resulta absurda. A manera de ejemplo, sería como si al restaurantero se le pide que detalle cada uno de los ingredientes que componen un platillo o al sector automotriz se le pide que detalle cada uno de las partes incluidas en un vehículo, a manera de que el cliente pueda, si así lo desea, seleccionar aquello que prefiere sea excluido del producto final.
Ortíz Mena señaló que “la realidad es que, de aprobarse dicha iniciativa, sería en detrimento de los consumidores ya que los esquemas todo incluido plantean una ventaja económica en favor de los consumidores. Además, existen alternativas para quienes opten por hoteles en plan europeo (el cual no incluye comidas, bebidas o actividades). Actualmente los hoteles todo incluido detallan su oferta a satisfacción de los turoperadores y visitantes internacionales, cuyos estándares cumplen con los requerimientos de la Comunidad Económica Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Sería importante conocer si el número de quejas, si es que existen, resultan suficientes para justificar irrumpir un modelo turístico exitoso y competitivo, con una probada contribución a la economía nacional”.
De los veinte millones de visitantes que recibe el Caribe Mexicano al año, cerca del 50% opta por estadías en hoteles todo incluido. Es gracias a este esquema que el sector turístico puede recibir y atender eficientemente al número de visitantes que tenemos. Además, un número muy importante de vuelos que llegan a nuestros destinos, son operados por turoperadores. Por ejemplo, TUI, una de las agencias de viajes mayoristas más grande del mundo, ofrece vuelos a Cancún de ocho ciudades del Reino Unido. ¿Mantendrán esos vuelos al no existir la oferta turística que demandan sus clientes? O preferían ir a otros destinos del Caribe que ofrezcan el tipo de producto que buscan sus clientes.
Si la intención de dicha iniciativa de decreto es incentivar el consumo local, ¡creemos las condiciones para ello! Garanticemos la seguridad de nuestros visitantes, para que gobiernos extranjeros, como el estadounidense y alemán, no emitían recomendaciones a sus ciudadanos de que permanezcan en sus hoteles. Orezcamos un sistema de transporte local eficiente y seguro, para que los visitantes conozcan plenamente el país o la región que visitan. En días pasados en Quintana Roo, hemos visto como los taxis cobran más para llegar al aeropuerto internacional de Tulum que el costo del boleto de avión. Ahí si hay una práctica monopólica que los legisladores no han atendido.
México tiene mucho por desarrollar en términos de productos turísticos. Por ejemplo, el turismo carretero presenta un gran potencial. Para ello, resulta necesario crear las condiciones propicias para que esto sea posible. Nuestros legisladores, en lugar de sabotear un esquema de negocio que reditúa de manera importante a la economía nacional y contribuye de forma significativa a la creación de empleo, deberían de impulsar acciones que nos permitan alcanzar nuestro potencial turístico.