La decisión del gobierno mexicano de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un “retroceso en materia de derechos humanos y profundiza la militarización de la seguridad pública”, denunció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió y fue una escuela para formar a funcionarios corruptos”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, al agradecer a su bancada en el Senado la aprobación de la enmienda.
Pero la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, consideró la decisión como un “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”, según un comunicado fechado en Ginebra.
La medida deja al país “sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”, añadió.
Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el Senado avaló en la madrugada el dictamen que modificó cuatro leyes sobre seguridad. Una semana atrás fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Esto permitirá que la Guardia Nacional, hasta ahora bajo control del Ministerio de Seguridad, tenga “la tutela, guía y ejemplo” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), subrayó el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matinal en el estado de Zacatecas (centro).
La Guardia Nacional, integrada por 115 mil efectivos, en su mayoría militares, fue creada por López Obrador en 2019 en reemplazo de la Policía Federal, que operó durante diez años marcados por denuncias de corrupción y violaciones de derechos fundamentales.
El gobernante justifica el paso de ese cuerpo al Ejército, aduciendo que los militares son menos permeables a la corrupción y gozan de popularidad. Con esos argumentos también les ha encargado la construcción de varias de sus principales obras.
“Militarización”
El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, destacó como positivo que las Fuerzas Armadas puedan formar a los integrantes del cuerpo policial, que según el gobierno conservará el mando civil.
Se busca conformar “una institución con disciplina, con valores y con virtudes en el ámbito de la seguridad pública, similares a los que tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas”, indicó Sandoval en la conferencia presidencial.
Sin embargo, la alta comisionada de la ONU insistió en que los militares “sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión de órganos civiles independientes”.
La reforma fue propuesta por López Obrador como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas. Desde entonces el país acumula unos 340.000 homicidios, en su mayoría atribuidos a guerras entre delincuentes.
“Aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas”, denunció la Al-Nashif.
Los parlamentarios opositores anticiparon que impugnarán la enmienda ante la Suprema Corte de Justicia.
Cambio de opinión
Las críticas de la ONU se suman a las de adversarios del gobierno y organizaciones como Amnistía Internacional, que sostuvo que la reforma es una manera de “legalizar la militarización de México”, a la que culpa del aumento de crímenes como desaparición forzada, tortura y asesinatos.
México cerró 2021 con una tasa de homicidios de 29 por 100 mil habitantes, mientras las desapariciones se han disparado hasta los 100 mil casos, en su mayoría endilgados a la delincuencia organizada.
No obstante, López Obrador destaca que gracias a su estrategia de seguridad, a la que ha puesto el eslogan de “abrazos, no balazos”, los delitos federales se redujeron 29,3% desde que asumió el poder en 2018. En tanto, los asesinatos cayeron 8,7% entre enero y julio pasado, frente a igual período de 2021 (18 mil 093 víctimas).
En medio del debate sobre la Guardia Nacional, el presidente ha sido blanco de críticas, pues como opositor denunció la “militarización” de México tras el involucramiento del Ejército y la Marina en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
“Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”, admitió el pasado martes sobre la participación del Ejército en operaciones contra la delincuencia.